Se fijan tanto en la coherencia del código, de si un cuatrero tiene más pena que un asesino, que se olvidan de si el derecho efectivamente se aplica. Y si esto sucede o no, es algo que excede al campo de la redacción del código. Esta parte de la nota es la que tiene más importancia ahora:
Es que, en realidad, la productividad del sistema penal y las leyes penales es pobrísima. La Justicia criminal se ocupa de muy pocos casos en relación con el total de los ocurridos. Se estima que entre el 55 y el 60 % de los hechos no se denuncian y, sobre los que llegan a conocimiento de las autoridades, existe luego un proceso de selección por parte de la policía, los fiscales y los jueces. Uno de los principales problemas del sistema es que casi no hay sentencias, por ello casi el 70% de los detenidos actualmente en la Argentina cumple prisión preventiva sin haber sido condenado.
Algo falla en la maraña procesal, en el sistema penitenciario, en la policía, en el ministerio público y en la justicia en general. El código cumple su labor: tipifica los delitos y establece su pena. En las últimas reformas se puso énfasis en condenar los crímenes aberrantes y los secuestros extorsivos. Listo, había que hacerlo. La coherencia en todo caso no tiene que ser sólo respecto al resto de la letra del código, sino de todo el ordenamiento normativo. No se puede pensar en tener un código que castigue severamente a los secuestradores si los encargados de someterlos no tienen los medios para dar con ellos, o si no hay cárceles en donde alojarlos. Eso no es problema de la sistematicidad del código, sino de las graves fallas del orden coactivo.
Otro `experto´ aconseja "Tengamos cuidado, porque una sociedad que demanda cada vez más derecho penal está reconociendo el fracaso de la convivencia. Tengamos cuidado porque el miedo y la violencia son malos consejeros y jamás pueden convertirse en reguladores de la política criminal de un Estado". Lo que la sociedad demanda es seguridad, que es uno de los roles encomendados al Estado. Si no la garantiza, en todo caso es criminal por omisión. Si la gente apunta al código penal, es porque por algo se empieza, pero quien crea que ahí termina la cosa peca de ingenuo. Ahora, el que dice que el derecho penal debe preocuparse por las condiciones económicas, sociales, etc. está justificándose para no introducir reformas en el sistema punitivo, que bien necesarias son. Vendría bien una reforma integral del código, pero sólo para dejar de cambiarlo todos los años. El comité de juristas apadrinados por Zaffaroni seguramente va a hablar en nombre de la sistematicidad y la coherencia lógica para asentar de una vez por todas el más firme garantismo.
